El kirchnerismo debilitó varios puestos clave

Los dos años de vacancia en la Defensoría del Pueblo no son el único caso de debilitamiento de los órganos de control llevado adelante por el kirchnerismo desde su llegada al poder, en mayo de 2003, sino que se suman a otros casos.

Así, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que tiene un papel clave en el impulso de las investigaciones judiciales por casos de corrupción en la administración pública, lleva también más de dos años sin un titular designado de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley. El cargo está vacante desde la renuncia de Manuel Garrido al cargo, y desde entonces el Poder Ejecutivo arrastra los pies para poner en marcha los mecanismos para designar un reemplazante. Tanto es así que el concurso de oposición y antecedentes al que convocó está a un paso de fracasar ante las críticas recibidas por los diferentes candidatos que se presentaron para ocupar el lugar. Otro ejemplo de desidia es la Oficina Anticorrupción. Este organismo tuvo un papel activo en la denuncia de irregularidades desde su creación hasta 2004. Pero con la llegada del kirchnerismo su papel se ha visto opacado, al extremo de prácticamente desaparecer como querellante en los estrados judiciales. A esto debe sumarse la permanente negativa de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) a suministrarle información a la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano que depende del Congreso de la Nación y que tiene a su cargo la tarea de analizar el funcionamiento de diferentes áreas del gobierno, detectar irregularidades, aconsejar las medidas necesarias para mejorar su rendimiento e impulsar ante la Justicia la investigación de esas eventuales anomalías. En rigor, por orden judicial la Sigen tuvo que entregar la semana pasada todos los informes de 2009 que faltaban remitir a la AGN. A la negativa de la Sigen a proporcionar el material necesario para que la AGN pueda investigar el kirchnerismo le sumó una serie de trabas destinadas a impedir que el titular del organismo, el radical Leandro Despouy, pueda publicar sus informes sin consentimiento de los auditores oficialistas. Por último, el Poder Ejecutivo mantiene 152 juzgados vacantes, a pesar de que el Consejo de la Magistratura ha enviado las ternas para que elija sus candidatos. Esta situación se registra desde que el oficialismo perdió la mayoría en la Comisión de Acuerdos del Senado, por lo que ya no puede imponer sus candidatos sin consenso.
Fuente: La Nacion