El jefe de Gobierno rechaza la impugnación a su candidatura

El apoderado del PRO, José Torello, le pidió hoy al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad que rechace la presentación del abogado Eduardo Barcesat, quien impugnó la candidatura del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, a la reelección por estar procesado en una causa penal por espionaje.

El procesamiento fue dictado el año pasado por el polémico juez federal Norberto Oyarbide -a quien el jefe de Gobierno recusó- y luego confirmado por la Sala I de la Cámara Federal. Actualmente se encuentra apelado ante la Cámara Nacional de Casación Penal, que también estudia la recusación del juez planteada por los abogados del líder de PRO.

El jefe de Gobierno también podría sufrir un segundo procesamiento por parte de otro juez, Facundo Cubas, quien lo citó a indagatoria el 15 de junio por presuntos delitos por malos tratos y amenazas sufridas por indigentes de parte de integrantes de la ex Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) del Gobierno de la Ciudad.

Barcesat basó su pedido de impugnación en el artículo 57 del Estatuto de la Ciudad, que establece que “nadie puede ser designado en la función pública cuando se encuentra procesado por un delito doloso en perjuicio de la administración pública”.

Cerca de Macri dicen que se trata de una picardía más del kirchnerismo , al que atribuyen influencia en esta causa, y aseguran que ese artículo no está dirigido a quienes ocupan cargos electivos sino a los empleados o funcionarios de la administración local designados no por el voto popular. Además sostienen que al respecto, la única restricción para los aspirantes a cargos electivos es la de “los condenados por delito mientras no hayan cumplido todas sus penas”.

Con esos argumentos, y otros, respondió ayer Torello ante la Justicia. Además, destacó que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en base al Pacto de San José de Costa Rica, va en sentido contrario al esgrimido por Barcesat y con criterios amplios y no restrictivos en cuanto a candidaturas.

De hecho, el máximo tribunal autorizó hace una década la postulación a gobernador en Corrientes de Raúl “Tato” Romero Feris cuando éste se encontraba preso bajo el argumento de que la condena en su contra no se encontraba firme.

El abogado constitucionalista Gregorio Badeni recordó ese antecedente. “Según nuestro ordenamiento legal, un procesado tiene la presunción de inocencia ya que aún no hay una condena en su contra”, expresó. También coincidió en ello el profesor universitario Andrés Gil Domínguez.

Fuente: Clarín