Radiografía electoral; así empieza el proceso del 2011

Desde una óptica objetiva, podemos mencionar que dentro de los cambios significativos que pueden reconocérsele al TSE se encuentran la descentralización electoral en la provincia, factor que nutre de representatividad y legitimidad el proceso político a través de la ampliación de las circunscripciones electorales municipales en las comunidades recónditas de este país, a manera de acercar las urnas a los ciudadanos, reduciendo las tasas de abstencionismo electoral, que en el 2003 y el 2007 fueron de 42.2 por ciento y 39.6 por ciento, respectivamente (UE, 2007), a pesar de contar con un presupuesto minimalista de Q648 millones para cubrir las demandas, intereses y necesidades de un proceso electoral apático, complejo y virulento.

Complementa la semiinstitucionalización del procedimiento jurídico de amonestaciones y sanciones a los partidos políticos que han transgredido recurrentemente por más de seis meses la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP); por ejemplo, el Registro de Ciudadanos del TSE ha emitido 81 resoluciones que incluyen 348 multas a razón de US$125 cada una, para un acumulado de Q330 mil (TSE, 2011). Aunado en esta lógica, el TSE debe sentar un precedente histórico de respeto de la legislación política, ya que el pacto ético-político fue simplemente un mito y, hasta principios de abril, solo tres agrupaciones partidarias habían entregado el número de cuenta y el banco en el cual manejarán los fondos de campaña.

Sin embargo, las multas siguen siendo irrisorias y paradójicas respecto del grueso del financiamiento privado de las organizaciones políticas, por lo que es necesario hacerlas más vinculantes con el Código Penal y recrudecer las faltas a este delito electoral junto con el financiamiento electoral ilícito.

Ahora bien, a lo interno y externo del TSE se presentan flagelos que deben atenderse con suma delicadeza, tal es el caso de algunos departamentos con potencial conflictividad, como Jutiapa, Petén, Huehuetenango y San Marcos, que se ubican en el mapa de riesgo electoral y alta vulnerabilidad ante la ola de violencia política en el país, de la cual las autoridades y la institucionalidad del TSE no son ajenos, sobre todo en un proceso electoral donde la inmoralidad política y liderazgos autoritarios suplantan la ontológica función de la representación pública por la práctica del pillaje político.

Es insoslayable que la violencia política, por su carácter multiabarcador, se extiende con una voracidad empedernida hacia activistas sociales, periodistas, defensores de derechos humanos, investigadores académicos, etcétera. Si a esto le sumamos la penetración del crimen organizado y el narcotráfico en las campañas políticas, estaremos presenciando un elevado estatismo e inhibición de la sociedad civil en un proceso de trascendencia “decisional” en lo político y público.

El padrón electoral también constituye un elemento por examinar minuciosamente, ya que, según el TSE, este actualmente ascendió a seis millones 683 mil 784 empadronados, y aunque los expertos de la OEA ya hicieron una auditoría del mismo para verificar la calidad de la información y desempeño del software en la base de datos, no deja de provocar cierta conjetura en la psique política el hecho de la irregularidad y anomalías de los DPI emitidos por el Renap, ya que de entrada socava per se la depuración técnica y profesional del padrón electoral.

Maquinarias en marcha

El variopinto espectro político nacional oferta al electorado 27 organizaciones partidarias, lo cual plasma el culmen del sistema de partido atomizado (Sartori, 1980), y en este sentido es fundamental hacer un breve análisis de los resultados de la última encuesta electoral, que refleja la intención de voto de los cinco precandidatos con posibilidades de obtener la primera magistratura del país. Según estos datos, existe una brecha amplia entre Otto Pérez Molina y Sandra Torres, lo cual “posiciona” a los militantes patriotistas en un triunfalismo temprano e ingenuo y a los partidarios oficialistas en un desafío de afianzar las alianzas en segunda vuelta electoral, ya que ambas opciones políticas deben verse fortalecidas con un programa de gobierno coherente y realista, territorialización social, equipos integrales, consistencia ideológica y liderazgos honorables.

El fenómeno de las alianzas políticas como las de EG-Viva y UNE-Gana, aunque tengan afinidad en ciertas temáticas en el Legislativo, son un detonante de discordia a la hora de definir las candidaturas a cargos de elección popular, especialmente para las diputaciones, donde las causas principales son los resabios de caudillismo, clientelismo, nepotismo y megalomanía, tal es el caso de las divergencias entre la UNE-Gana, que originaron esta semana la fisura de la alianza en los distritos de Guatemala y El Progreso. La experiencia política nos ha demostrado que las coaliciones son más efectivas y determinantes en la segunda vuelta electoral.

Estas alianzas se han constituido basadas en la improvisación, rentabilidad económica, incompatibilidad ideológica y, fundamentalmente, desde una visión cortoplacista, consolidando la nueva tipología de las organizaciones partidarias en Guatemala, a saber: partidos catch all (atrapalotodo) y partidos cartel (Katz y Mair, 1995). Estos últimos no hacen alusión a la terminología del narcotráfico.

Los primeros se caracterizan por apelar de nuevo al interés nacional como manera idónea de potenciar su oferta electoral y moralidad en la ciudadanía guatemalteca, independientemente de su estratificación social, rasgos etarios, escolaridad, identificación étnica y de género. Tienen prácticas desideologizadas, reelecciones abruptas, donde el referente filosófico y axiológico no es primordial; se caracterizan por priorizar la videopolítica, mercadeo electoral y el uso masivo de los medios de comunicación. En nuestro país buena parte de estos 27 partidos políticos tiene prácticas de esta naturaleza amorfa, ejemplos de ellos son PP, PAN, PU, Líder, FRG, UCN, Casa, ADN, Victoria, Creo y EG-Viva.

Los segundos se caracterizan por constantes abusos de poder de los dirigentes o gobernantes, su financiamiento proviene de los recursos del Estado y sus instituciones; se consolidan a través de la modificación de leyes que benefician al sector que representan, utilizando estrategias demagógicas —polarización política—, manejan estrechas relaciones con ONG y crean un tipo de agencias semiestatales. Por ende, una de sus características más visibles es que las dirigencias del partido se van profesionalizando cada vez más, al punto que los asesores internacionales —Antonio Solá Reche, Dick Morris, Roberto Izurieta, etcétera— han llegado a reemplazar casi totalmente a los tradicionales burócratas y activistas del partido; dentro de esta tipología se encuentra la alianza UNE-Gana.

Sin lugar a dudas, estos dos actores políticos —TSE y partidos políticos— han convertido la fiesta ciudadana y democrática de elegir y ser electos en un evento social, que genera confusiones emotivas, impunidad electoral, desconfianza hacia la casta política y precaria motivación ciudadana.